En un hito sin precedentes, un proyecto de ley que busca modernizar y sistematizar los delitos económicos y ambientales ha sido aprobado y está listo para ser promulgado. Esta iniciativa, presentada en enero de 2020 por un grupo diverso de diputados, desde el Partido Comunista hasta Renovación Nacional, representa un avance significativo en el ámbito legal.
El proyecto, encabezado por el senador Matías Walker y elaborado por un destacado equipo de abogados y académicos liderados por el experto penalista José Pedro Silva, ha sido calificado como una modernización histórica que transformará el derecho penal económico.
Aquí están los cinco cambios más determinantes de esta ley:
- Penas más rigurosas: Se han introducido elementos nuevos en la determinación de las penas. Ahora se aplicarán agravantes y atenuantes especiales en los delitos económicos. En caso de que existan agravantes, se restringirá la posibilidad de cumplir las penas en libertad, incluso para condenas menores a cinco años de prisión. Esto significa que los altos ejecutivos y personas en posiciones jerárquicas superiores enfrentarán penas más severas y probablemente cumplan condena efectiva.
- Nuevos delitos: La ley también incorpora un título dedicado a los delitos medioambientales en el Código Penal. Ahora se considerarán delitos de contaminación, grave daño medioambiental y se establece el delito de "ecocidio". Además, se crean delitos relacionados con la explotación económica de los trabajadores y el secreto empresarial. Anteriormente, solo se perseguían delitos ambientales en circunstancias muy específicas y sectoriales.
- Multas ajustadas: La ley introduce el sistema alemán de "días-multa", que tiene en cuenta el patrimonio del condenado para determinar el monto de la sanción. Esto implica que aquellos con un patrimonio más alto deberán pagar multas más elevadas. Hasta ahora, las multas penales se fijaban en montos fijos, que eran consideradas poco significativas en comparación con las multas administrativas.
- Comiso de ganancias: Una de las novedades más destacadas de esta normativa es la posibilidad de decomisar las ganancias obtenidas de manera ilícita. Ahora se establece que el comiso de ganancias no se considerará una pena, sino una medida civil que puede afectar a terceros que hayan obtenido beneficios de forma deshonesta. Además, se podrá decomisar las ganancias sin necesidad de una condena previa. Esta medida ataca directamente las ganancias obtenidas a través de delitos económicos, ampliando el alcance de la justicia.
- Responsabilidad de las personas jurídicas: En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se amplía el catálogo de delitos a más de 200. Ahora se puede vincular la responsabilidad de una empresa con cualquier persona que forme parte de ella. Además, se establecen los ámbitos en los que se deben desarrollar los programas de prevención, otorgando flexibilidad a las empresas para adaptarlos mejor a su realidad y sector. Hasta ahora, existía un catálogo muy limitado de delitos, la vinculación con personas naturales estaba restringida a la cúspide de la empresa y los requisitos de los programas de prevención eran principalmente formales.
En resumen, esta ley representa un cambio trascendental en la lucha contra los delitos económicos y ambientales. Con penas más severas, la inclusión de nuevos delitos, multas ajustadas, el comiso de ganancias ilícitas y una mayor responsabilidad de las personas jurídicas, se espera que esta legislación tenga un impacto significativo en la justicia y la prevención de delitos en el ámbito económico.
